El servicio militar no es un espacio de resocialización de los jóvenes infractores de la ley

Las organizaciones y ciudadanos que suscribimos, miembros de la Red de Defensa de los Derechos del Personal Militar CIUDADANOS PROTEGIENDO CIUDADANOS expresamos a la opinión pública nuestra objeción a la propuesta de los alcaldes de Santiago de Surco, Independencia, Bellavista, Carmen de la Legua, La Victoria, Barranco y Surquillo, miembros de la Mesa de Alcaldes por la Seguridad Ciudadana, para retornar al sistema de servicio militar obligatorio, como una medida para combatir la delincuencia juvenil. Asimismo, es de grave preocupación, que el Premier, el ministro de Defensa y el ministro del Interior concuerden con esta propuesta.
Debemos recordar que el objetivo del servicio militar es formar los recursos humanos necesarios para la Defensa Nacional y las misiones constitucionalmente asignadas a las fuerzas armadas, lo que implica contar con jóvenes varones y mujeres debidamente motivados y preparados para prestar su concurso voluntario a la nación.
En este sentido, proponer la reinstauración del servicio militar obligatorio, bajo el argumento de que éste brindaría un espacio de resocialización para los jóvenes infractores de la ley, es una medida efectista, que no lograría, ni mejorar el actual modelo de servicio militar voluntario, ni redundaría en la atención eficaz de jóvenes infractores, tarea que debe ser asumida por las instancias especializadas como el Poder Judicial, el Ministerio Público, el gobierno central, los gobiernos regionales y municipales, así como organizaciones de la sociedad civil.
Por estas razones, exhortamos a la opinión pública y a las autoridades concernidas, especialmente al Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social y la Defensoría del Pueblo, a rechazar esta propuesta y evaluar otras alternativas para hacer frente a la problemática de los jóvenes infractores de la ley, tales como las estrategias de justicia juvenil restaurativa, que vienen siendo implementadas con éxito en algunos municipios de Lima y del interior del país.

Lima, 13 de noviembre del 2009

Miembros de la Red: Instituto de Defensa Legal * Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo Desco  *   Capital Humano y Social Alternativo  *  Coordinadora Nacional de Derechos Humanos *  Demus  *  Encuentros Casa de la Juventud  * Alianza por el Derecho Ciudadano ADC * Fundación ANAR  *  Red Interquorum * Miguel Huerta * Rocío Vargas * Luis Tello *  Gral. EP ® César Huertas * Javier Torres * Centro de Investigación Drogas y DDHH

¿Espía o chivo expiatorio? Las razones subyacentes del sistema de inteligencia

La semana pasada se ha hecho de conocimiento público el caso del suboficial FAP Víctor Ariza Mendoza, que habría vendido secretos militares a Chile, tales como planes de repotenciación de aeronaves, relación de oficiales de inteligencia, información sobre la base aérea de La Joya, etc. Frente a esto el comando de la FAP actuó de manera adecuada, al trasladar el caso al Ministerio Público para que se realicen las investigaciones pertinentes.

En este contexto creemos que, antes de hacer escarnio de un caso en particular, lo que habría que analizar son las condiciones estructurales que permitieron que este sub oficial, presumiblemente en complicidad con varios otros, cometiera este delito. Sin lugar a dudas una variable a considerar son los bajos sueldos de los miembros de las fuerzas armadas, que se encuentran rezagados en el mercado laboral con respecto a los de otras profesiones. Esto motiva que baje la moral entre los oficiales y muchos opten por pasarse a la actividad privada. Pero también puede impulsar a algunos a complementar sus ingresos con actividades reñidas con la ley, como pudimos apreciar en el caso de Bussines Track. Esto de ninguna forma justifica los casos de corrupción o, como en este caso, la traición, pero si es un elemento que puede ayudar a explicar dichas conductas.

Otro elemento a tener en consideración para explicar esto es la crisis de valores entre el personal de los institutos armados, que es la misma crisis de valores que vive la sociedad en su conjunto. Esta crisis solo se podrá superar a largo plazo, reforzando la formación ética de oficiales, suboficiales y personal de tropa. Pero al mismo tiempo se deben tomar medidas en el corto plazo, tales como el fortalecimiento de los sistemas de contrainteligencia militar, y continuar con la profesionalización de los servicios a través de la unificación de las escuelas de inteligencia. En este sentido algo se avanzó durante la gestión de Allan Wagner en el Ministerio de Defensa, cuando se emitió Resolución Ministerial 355-2007-DE/SG, que establece que el personal militar y civil de las direcciones, oficinas y órganos de inteligencia de los institutos armados esta prohibido de laborar y prestar servicios permanentes o eventuales en actividades de inteligencia privadas, ya sea a favor de personas naturales o jurídicas. 
 
Junto a los mecanismos institucionales para evitar este tipo de fugas de información, también se deben pedir las explicaciones pertinentes al gobierno chileno por este inamistoso incidente. Sin embargo, este suceso no debe ser excusa para escalar el conflicto diplomático con Chile y abandonar la propuesta peruana de un Protocolo de Paz, Seguridad y Cooperación, con el fin de limitar los gastos en Defensa y las compras de armamento en Sudamérica. Este escenario solo beneficiaría a los traficantes de armas y a los que lucran –económica o políticamente– con los conflictos entre los pueblos.