Las últimas declaraciones y actuaciones del presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar nos llevan a pensar si es que dicha instancia militar ha cambiado ó si sigue manteniendo los mismos procedimientos y argumentaciones que utilizaron durante la década pasada.
El empecinamiento del actual presidente del CSJM para no anular el fallo relacionado a la matanza de los estudiantes de La Cantuta, haciendo caso omiso a la sentencia que al respecto emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el no tomar en cuenta la petición no sólo de los deudos si no de la misma Ministra de Justicia, a pesar de existir un antecedente de anulación de sentencia - la sentencia en el caso Barrios Altos -, resulta inaceptable en un estado de derecho respetuoso de las decisiones jurisdiccionales de carácter supranacional. Ello no tiene cabida dentro de un proceso de reforma del sector defensa donde una justicia militar enmarcada dentro de los preceptos democráticos es parte importante del mismo.
Asimismo resulta inconcebible que a la fecha el CSJM siga abocado a investigar once casos de violaciones de derechos humanos a pesar de varias sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema de Justicia e incluso la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, las cuales establecen que la justicia militar no es competente para investigar ni juzgar casos sobre violaciones de derechos humanos.
Es hora que el Ministro de Defensa tome acción ante los continuos desafíos del presidente del CSJM y ponga orden en casa separándolo del cargo. Recordemos que son los institutos militares, órganos de ejecución del Ministerio de Defensa, quienes designan a los oficiales generales que fungen de vocales supremos en el CSJM.
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