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Una semana después de las denuncias sobre la filtración de información de los servicios de inteligencia se conocen los primeros resultados de las investigaciones realizadas por la inspectoría general de la marina de guerra, es decir, de carácter técnico e institucional. A la fecha se ha determinado que son cinco los oficiales, tres de ellos en actividad, involucrados en la fuga de la información. Al respecto es conveniente precisar que dichas indagaciones realizadas por el consejo de investigación de oficiales deben respetar en todo momento las garantías procesales y personales de los oficiales involucrados a fin de garantizar el debido proceso. Asimismo las investigaciones al interior del instituto no se deben centrar sólo en la comisión del delito si no también se debe aprovechar la oportunidad para deslindar las responsabilidades en cuanto a eficiencia y seguridad dentro de la misma dirección de inteligencia de la marina de guerra ¿En casa del herrero cuchillo de palo?
Por otro lado la respuesta política ante el hecho ha sido disímil. Por un lado el Premier no ha sido claro en la necesidad de investigar hasta el fondo y de aprovechar la oportunidad para verificar la eficiencia del sistema en su conjunto; mientras que, por otro lado, el ministro de defensa, responsable del sector, se apersonó, en compañía del jefe del comando conjunto y del comandante general del instituto, ante el Congreso de la República para informar a la comisión de inteligencia sobre lo sucedido y los avances de las investigaciones.
Consideramos que la actitud del ministro es en primer lugar una muestra de “dar la cara” y de rendir cuenta de las acciones realizadas, o las faltas cometidas por funcionarios públicos del sector; y en segundo lugar, es una muestra de no cubrir ningún delito cometido por su personal cualquiera sea el nivel del mismo. Es interés de todos llegar a buen termino en las investigaciones: del instituto mismo a fin de deslindar existencia corporativa de redes ilícitas de fuga de información, del sector a para romper con los actos de corrupción al interior de los institutos militares, y finalmente de los ciudadanos a fin de sabernos protegidos por un sistema que cumple con eficiencia y cabalidad sus funciones dentro de un estado de derecho.
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