Una de las dimensiones centrales para la conducción de un país es el funcionamiento del sistema de inteligencia en un marco de controles apropiado, que permita a las autoridades políticas contar con información oportuna para la toma de decisiones, a fin de resguardar la seguridad del Estado y de los ciudadanos ante las amenazas y riesgos externos e internos.
En las últimas semanas, se han producido denuncias periodísticas de tráfico de informes de inteligencia a empresas privadas de seguridad. Esto es inaceptable. Por un lado se evidencia la falta de profesionalismo de algunos miembros de la comunidad de inteligencia del país, y por otro la falla en el sistema de controles destinados a asegurar la eficiencia del sistema.
Ante ello, parte del gobierno ha reaccionado. El ministro de defensa se presenta a la Comisión de Inteligencia del Congreso de la República a dar la cara y colaborar con el esclarecimiento de los hechos, ya que la citada comisión ha iniciado investigación sobre el tema. La institución naval, por su lado, releva a los mandos de la dirección investigada, y nombra a un oficial que, durante el año 2004, declaró improcedente la nulidad del fallo que favoreció a los autores intelectuales de la matanza de La Cantuta, entre ellos Montesinos. ¿No se contaba con referencias en el legajo personal de dicho oficial?
Lo anterior sin embargo resulta insuficiente si desde la presidencia del Consejo de Ministros no se expresa en forma clara y firme la voluntad política para reformar y reorganizar el sistema. Para ello se requiere respaldo político, a fin de impulsar la implantación del nuevo modelo del sistema de inteligencia, que establece con claridad las competencias y ámbitos de trabajo de cada organismo pertinente, dotando a la dirección nacional de inteligencia del respaldo necesario para coordinar el funcionamiento del modelo diseñado.
Enlace de Interés
- http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2007-05-16/ImEcPolitica0723295.html
|
