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Una de las controversias por el mencionado financiamiento de la recuperación de la capacidad operatividad de la Fuerza Armada se ha desatado en los últimos días entre el congresista Santiago Fujimori, presidente de la comisión de Energía y Minasdel Poder Legislativo, el presidente regional de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, Vladimiro Huároc y el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, Isaac Cruz, a raíz del proyecto de ley que propone destinar un 15% del total de las regalías mineras al fondo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional.
Esta propuesta que no es clara en los detalles, merece una justa explicación y garantía a las regiones y a la ciudadanía en general, sobre los objetivos, funciones, metas para lo cual se destinaría este 15% a la FFAA y PNP. Si bien es cierto que la defensa nacional es un bien público del cual nos beneficiamos todos los ciudadanos del Perú - al igual que las carreteras, la educación, y la salud -, y para lo cual todos pagamos para que los gobernantes realicen una eficiente inversión, es preciso exigir que se expongan los beneficios concretos que nos haría preferir destinar más recursos a defensa que a proyectos de inversión productiva, científica y tecnológica, cuando estas últimas parecen ser las necesidades prioritarias de las regiones.
La urgencia de recuperar la capacidad operativa de la Fuerza Armada no debe dejarnos caer en la inmediatez de la solución del problema, sabemos que invertir en defensa cuesta y muy caro, por ello se exige la exposición de un plan responsable y coherente con las necesidades y prioridades del país. Sería más transparente tener una idea de cuanto es la “necesidad global” para lograr la “operatividad” de la Fuerza Armada que permita el cumplimiento de las misiones encargadas por el poder político y que coadyuve a la seguridad del país en su conjunto.
Ahora que en el Congreso se encuentra en debate la modificación de la Ley Orgánica de Regalías Mineras, a fin de incorporar dentro de sus beneficiarios a la Fuerza Armada y Policía Nacional,y la modificación de la Ley sobre el Fondo de la Fuerza Armada y Policía Nacional para la inclusión dentro de sus ingresos del 15% de las regalías mineras. Es preciso abordar el tema con un debate amplio e integralparaque las decisiones que se realicen sean acertadas y - como ya lo ha mencionado el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía - no conlleve a disconformidades que terminen en más conflictos sociales innecesarios.
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