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Según el reporte presentado por Perú Petro, a fines del año 2006, la empresa Plus Petrol, que explota el Lote 88 del Gas de Camisea, pagó un total de US$ 244 millones de dólares por concepto de regalías de dicho lote y a fines del 2005 aproximadamente US$ 191 millones de dólares. En virtud de ello el fondo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional del Perú obtendría, según ley, US$ 97.6 millones de dólares aproximadamente para el 2007 y US$ 38.2 en el 2006. Estos ingresos se verían incrementados a partir del 2008 por las regalías de la explotación del lote 56 que entraría en operación en dicho año según lo establece la ley de creación del fondo para la Fuerza Armada y Policía Nacional.
Estas proyecciones debieran ser tomadas en cuenta por la administración del fondo para el establecimiento de un necesario planeamiento de largo plazo, que indique objetivos claros, actividades concretas y adquisiciones priorizadas que se necesitan de aquí a cinco años. Esta planificación deben fijar temporalidad de aplicación del fondo así como un piso máximo de ingreso de dinero, de otra manera, establecer un máximo que debe ser gastado anualmente o una cantidad máxima de equipos que deban ser comprados, y que se enmarquen siempre dentro de la ley de Equilibrio Fiscal, en la cual se indica los gastos máximos que cada sector debe realizar, para no incurrir en desequilibrios macroeconómicos ni generar problemas de restricción de gastos de otros sectores.
La transparencia es un punto clave en la legitimación de todo proceso dentro de la administración pública incluido el proceso de adquisiciones militares de todo país. En ese sentido es conveniente fortalecer los procedimientos de control y transparencia en la administración del fondo para la Fuerza Armada y Policía Nacional. Al igual que en Chile, el fondo de la FFAA y la PNP del Perú cuenta con recursos extrapresupuestales que no se contabilizan en el presupuesto anual del sector Defensa. De acuerdo a ley, en el Perú, el fondo es administrado por la Presidencia del Consejo de Ministros, en coordinación con los titulares del sector Defensa, Interior y Economía. Al no encontrarse en las cuentas presupuestarias, hace difícil el proceso de transparencia, fiscalización y control ciudadano.
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