Uno de los principales sistemas de comunicación e integración de las diferentes regiones del país es sin duda el sistema aeroportuario establecido a lo largo del territorio nacional. En virtud de ello el estado peruano decidió conceder al sector privado la utilización de dichos aeropuertos con la finalidad de hacerlos más eficientes y permitir así una mejor comunicación entre las regiones del país.

La decisión del sector Defensa, ante consulta del ministerio de transportes y comunicaciones, y previo estudio elaborado por la fuerza aérea y aprobado por el consejo de seguridad nacional, de conceder al sector privado los aeropuertos de Chiclayo, Piura y Pisco no debiera de afectar, como se menciona en una nota recientemente publicada por algunas instituciones y personas, el funcionamiento de las bases aéreas instaladas en dichos aeropuertos tal como sucede con el caso del aeropuerto internacional y la base aérea donde opera el grupo aéreo número 8.

El esquema de concesión planteado permite al sector defensa mantener operativas las bases aéreas en virtud que las empresas privadas concesionarias tendrán la obligación de realizar el mantenimiento a las pistas que utilicen para la realización de vuelos comerciales, pistas que seguirán bajo responsabilidad de la fuerza aérea. Será responsabilidad del sector Defensa el ejercicio de las acciones de control y supervisión del mantenimiento de las pistas de aterrizaje. Asimismo el control de la aeronavegabilidad seguirá bajo responsabilidad de la compañía peruana de aeropuertos.

Creemos oportuno el esquema de concesión trabajado porque permitirá tener habilitadas las pistas; sin embargo, consideramos se debe tener establecido un marco legal claro que delimite las responsabilidades del concesionario y de la base aérea a fin de evitar cualquier contingencia a futuro.

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