El gobierno ha tomado dos decisiones contrastantes en materia de seguridad en estos últimos días: por un lado se ha fortalecido las relaciones con Ecuador, a través de la declaración conjunta del mecanismo del 2+2; y, por otro, se ha autorizado la intervención de la fuerza armada para que asuma el control del orden interno en siete provincias del país, dado el escenario de bloqueo de varios tramos de la carretera panamericana.

Mientras que la primera decisión demuestra claridad en los objetivos y estrategia utilizada para fortalecer la asociación estratégica bilateral con el Ecuador, la segunda decisión expresa la debilidad de una estrategia integral para hacer frente a recurrentes escenarios de disturbios internos en el país, y por ende, se opta apresuradamente por disponer que la fuerza armada “entre en escena”.

Entre los principales aspectos acordados en la declaración conjunta se registra: la firme voluntad de cumplir con los compromisos internacionales sustentados en el acuerdo de paz de Brasilia; la consolidación del mecanismo denominado 2+2; impulsar y concertar medidas de confianza mutua en materia de seguridad fronteriza y defensa nacional; reforzar los procedimientos del proceso de desminado humanitario; la realización de acciones cívicas combinadas en las poblaciones fronterizas; el reforzamiento de los programas de capacitación e instrucción conjunta entre las fuerzas armadas;entre otros. En esa línea saludamos la decisión del gobierno de fomentar una cultura de paz y desarrollo con el compromiso de erradicar la pobreza en ambos países y mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos.

Ya en el plano interno, mediante decreto supremo N° 012-2008-PCM, se declaró el estado de emergencia por un plazo de 07 días para varias provincias costeras de la región Lima y Ancash y se dispuso que la Fuerza Armada asuma el control del orden interno durante la vigencia de esta medida. En nuestra opinión se trata de una medida apresurada, en tanto que la Policía Nacional tiene la responsabilidad de mantener el orden interno y restaurar el orden público.

¿Acaso, la situación registrada el 18 de febrero fue incontrolable para las fuerzas policiales? ¿Se había utilizado la totalidad de las capacidades operativas de la policía en las zonas afectadas por el corte de carreteras? El balance del día 18 muestra, que en algunas zonas, la acción policial disuadió a los manifestantes y se restauró el libre tránsito en las carreteras. Sin duda alguna, los ciudadanos y ciudadanos necesitamos que el estado garantice el derecho al libre tránsito en el territorio nacional, pero la medida tomada puede resultar un boomerang al mismo estado, pues bien sabemos que la fuerza armada se encuentra organizada,entrenada y capacitada para enfrentar a combatientes armados pero no a ciudadanos manifestantes.

Si se hace un balance de los hechos de violencia registrados el día 19 de los corrientes, estando ya vigente el decreto supremo antes aludido, veremos que la medida no disuadió a los manifestantes, y que si sólo por intervención policial fallecieron entre el 18 y 19 cuatro ciudadanos, es fácil imaginar que la intervención efectiva de la fuerza armada el día 19, hubiera producido un número mucho mayor de “bajas”.

¿Quién será responsable de la muerte de manifestantes por parte de militares en cumplimiento del reciente decreto supremo? Hay que dejar bien en claro que se utiliza el régimen de excepción, como su nombre lo dice, en situaciones excepcionales, en tanto las medidas y restricciones autorizadas en tiempo ordinario son claramente insuficientes para mantener el orden público. Esto quiere decir que disposiciones tan graves tienen que tomarse ante la inexistencia de opciones menos drásticas.

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