El sábado 28 de junio se publicó en El Comercio, La Razón y Correo, un pronunciamiento suscrito por la mayoría de los ex; ministros, jefes del comando conjunto y comandantes generales de los institutos armados.

El texto contiene una suma de conocidas reivindicaciones basadas en la necesidad de incrementar los recursos para atender la operatividad de los equipos militares, de mejorar las remuneraciones del personal militar en el activo y atender la situación delicada del sistema pensionario del personal en situación de retiro. A ello se aúna una defensa cerrada de la justicia militar, que califica el proceso de redefinición democrática del modelo de justicia militar como una campaña orquestada. Sin embargo, no se hace mención alguna sobre la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno de los institutos, para prevenir los numerosos casos de corrupción que se siguen destapando frente a la prensa hasta hoy en día. ¿Cómo generar confianza en la ciudadanía al respecto? Mas ausente aún en el texto del comunicado, está el deslinde con el personal militar que cometió gravísimos delitos contra los derechos humanos durante el conflicto armado interno, como es el caso de las ejecuciones extrajudiciales en Putis.

El tema “novedoso” de este pronunciamiento es la crítica frontal al proceso de reestructuración del sector defensa iniciado en el 2002, cuyo resultado sería-en la posición de quienes suscriben el texto- la situación de debacle de los institutos armados. Se trata de una crítica directa a las sucesivas administraciones, incluyendo la actual, pretendiendo descalificar la conducción ministerial responsabilizándola de lo que denominan “desarticulación del sistema de defensa nacional”, lo que habría impedido la ejecución del planeamiento estratégico de la defensa nacional.

En democracia, el poder electo define la política de defensa y las amenazas a la seguridad y por ende el planeamiento estratégico de la defensa. No es al revés. A ese esfuerzo ha estado abocado el proceso de reestructuración del sector: fortalecer el Ministerio de Defensa como órgano central de conducción y fortalecer la jefatura del comando conjunto, como órgano asesor militar, para construir una institucionalidad democrática y así sentar las bases paracontar con una fuerza armada interoperativa y convergente. El esquema de que cada instituto planee su propia guerra no se puede admitir más.

De otro lado, llama la atención que varios de los generales y almirantes que suscriben el texto del pronunciamiento, fueron parte del equipo que elaboró el diagnóstico que concluyó con el informe de reestructuración de las fuerzas armadas del 2002, ó que varios formaron parte-y algunos todavía forman parte - del consejo consultivo del ministro del sector.¿Un caso de Vidaurre contra Vidaurre?

Lo más delicado del asunto, es que el gobierno no se ha dado por aludido. Esta forma de desentenderse de la materia, muestra un cálculo político erróneo, cuyas implicancias se constatarán cada vez más con el transcurso de la gestión. Asimismo, la clase política no ha reaccionado,quizás para no “levantar olas” en una coyuntura de anunciadas movilizaciones sociales en el país.

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